La noticia recoge el malestar de diversos sectores del ámbito judicial ante lo que califican como un “secuestro” del Congreso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Según estas voces críticas, el Ejecutivo estaría limitando el normal funcionamiento parlamentario mediante el control de los tiempos, la tramitación de leyes y el uso de determinados mecanismos que, a su juicio, reducen el papel de las Cortes.En este contexto, jueces y asociaciones judiciales habrían expresado su preocupación por una posible alteración del equilibrio institucional, señalando que el poder legislativo podría estar perdiendo capacidad de control sobre el Gobierno. Estas críticas se enmarcan dentro de un debate más amplio sobre la separación de poderes y el funcionamiento de las instituciones democráticas.La noticia también menciona el silencio del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ante esta situación. Desde los sectores críticos se considera que el alto tribunal debería pronunciarse o actuar si se producen posibles vulneraciones del orden constitucional, mientras que la falta de respuesta es interpretada como una ausencia de control o posicionamiento.Por otro lado, desde el entorno del Gobierno se defiende que todas las actuaciones se están llevando a cabo dentro de la legalidad vigente y conforme a los procedimientos parlamentarios establecidos. Según esta postura, las críticas responderían más a un enfrentamiento político que a una vulneración real de las normas.En conjunto, la noticia refleja un clima de tensión institucional y política, en el que se enfrentan distintas interpretaciones sobre el funcionamiento del Congreso, el papel del Gobierno y la responsabilidad de los órganos judiciales en la supervisión del sistema democrático.